La población originaria de Bolivia
Ramiro Prudencio Lizón*

En los actuales desórdenes de campesinos y gentes de El Alto de La Paz se ha incidido mucho en que los pueblos denominados “originarios” deberían recuperar derechos que habrían tenido durante el imperio incaico, y que los conquistadores españoles hubieran despojado, dando lugar a quinientos años de explotación supuestamente extranjera. Para ello, están exigiendo que en la Asamblea Constituyente, no sólo haya mayor representatividad indígena sino que se consagre en la futura Constitución, ciertos privilegios autonómicos a las comunidades campesinas.

Verdaderamente es triste observar cómo se tergiversa la historia y se trata de desconocer lo que fueron los incas y cómo fue explotada nuestra tierra por ese despótico imperio. Los cronistas han destacado que los incas conquistaron la región del Kollasuyo con gran violencia, aplastando las comunidades aymaras; algunas de las cuales fueron exterminadas, como la de los Charcas que ha desaparecido de la historia.

Otras fueron trasladadas a lugares apartados del imperio, (actualmente hay comunidades aymaras cerca de Quito, capital del Ecuador) y las demás fueron mantenidas en sus zonas bajo una durísima opresión. Precisamente, como gran parte de los habitantes aymaras fue aniquilada, los incas decidieron trasladar poblaciones del Bajo Perú al Alto Perú, iniciando el establecimiento de comunidades quechuas en nuestro país.

De acuerdo al principio de “comunidad” establecido por el imperio incaico, las tierras labrantías pertenecían al Estado, y por consiguiente, no existía “propiedad privada” o particular. El Inca era quien distribuía las tierras al pueblo tomando en cuenta las posibilidades agrícolas de cada comunidad. Y naturalmente, la producción de cada una de ellas estaba fuertemente fiscalizada por sus delegados, quienes la distribuían en tres partes: la primera, para el sol, o sea, para la secta sacerdotal encargada del culto; la segunda, para el Inca, incluyendo toda la corte; y sólo la tercera quedaba para el pueblo o la comunidad.
No se entiende por qué nuestros campesinos desean volver a esos tiempos pasados, donde estaba fijado que de toda la producción agrícola, sólo la tercera parte podían usufructuar. Mientras que ahora son dueños soberanos de sus tierras y no pagan ningún impuesto al Estado. Por el contrario, es éste el que se siente obligado a otorgarles toda clase de ayuda, y gratuita, como educación, salud y cooperación técnica.

El gobierno despótico del Inca no sólo se reducía a quitar a las pobres comunidades dos tercios de su producción agrícola, sino que exigía además, un servicio personal en base al sistema de la Mita. Mediante éste, todo joven varón debía prestar servicios al Inca por el espacio de siete años, ya sea en las minas, en la construcción de caminos o en el ejército. Al cabo de ese tiempo, sólo una parte de éstos volvía a la comunidad de origen. El resto era radicado en otras comarcas, según las necesidades del imperio. En cuanto a las mujeres, su destino podía ser aún peor, porque las muchachas más agraciadas eran arrebatadas de sus hogares para llevarlas al Cusco para el solaz del Inca y de su corte.

En consecuencia, la manifiesta simpatía que varios líderes campesinos y dirigentes de El Alto tienen por el antiguo incanato no descansa en el conocimiento histórico sino en una simple expresión de revancha contra la población urbana nacional. Algo absurdo, porque la gran mayoría de los bolivianos, un 95%, desciende de indios. Pero no somos hijos de los incas, como tanto se pregona, sino que como aymaras, o como quechuas trasplantados, somos descendientes de los siervos de dicho imperio; esos siervos que soportaron la tiranía incaica y que recibieron a los conquistadores españoles que llegaron al Alto Perú casi como a salvadores.
 

*Ramiro Prudencio
es diplomático.