EL CONFLICTO CHAQUEÑO.

Sergio Antelo Gutiérrez (*)

El bloqueo de caminos realizado por la población de Camiri fue todo un éxito, ya que se lograron sus objetivos principales como ser: La transferencia de una fracción del aparato burocrático del Estado para ocupar el espacio abierto por la nueva YPFB y la reactivación de los campos marginales de petróleo, ubicados al sur de esta población.

En realidad, estas presiones apuntan al “Camiri profundo” ubicado a más de 6 mil metros de profundidad, donde se presume que existe un mega-campo gasífero igual o superior a las reservas que hoy se explotan en Tarija, pero que exigiría ingentes recursos económicos y tecnológicos para ponerlo en vigencia. El primer problema es que este campo no se halla exactamente debajo de la ciudad de Camiri, sino en la frontera Chuquisaca-Santa Cruz.

Muy a pesar de que la prefectura cruceña otorgó el 50% de las regalías de los hidrocarburos en beneficio de las provincias productoras, ahora aparecen las viejas voces que a nombre de un “Sur que también existe” y en extraña consonancia con el centralismo andino, se declaran victimas del “centralismo capitalino cruceño”. Nada más injusto.

Aquí se esconde el viejo sueño Altoperuano de fraccionar Santa Cruz utilizando las frustraciones provinciales y otras medidas balcanizantes tales como:

1ro.-las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), gestadas durante el gobierno de Sánchez de Losada, diseñadas por la mano Roderick Von Owen de la GTZ-KFW alemana y destinadas a cambiar selvas por deudas (indígenas como pretexto), las mismas que son ejecutadas al margen del espíritu de la Resolución 189 de la OIT, ya que ellas transpiran un espíritu neonazi y racista. Su desmesurado tamaño tiene el propósito de mitigar el “cambio climático” provocado por los países del norte industrializado. A este proyecto imperial se acoplan las ONGs –CIPCA, cuyo radical-indigenismo es promovido por el españolísimo Xavier Albó (4 millones de Us$/año otorgado por las trasnacionales gringas), creador y manipulador de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) a la que se añade la cogobernante logia CEJIS, financiada por Holanda, Dinamarca, entre otras.
2do.- La Ley INRA, donde se incluye una subjetiva calificación de la Función Económica y Social (FES) de la tierra y destinada a promover expropiaciones masivas de fundos agrícola-ganaderos en beneficio de los “colonizadores” andinos -por una parte, y a ampliar las “bosques indígenas” -por la otra.

Es en este contexto donde a los camireños les surge una competencia desleal. El “saneamiento” de tierras que trata de realizar el legionario Cejista Alejandro Almaraz, no tiene otro propósito que la de convertir en “TCO” las aéreas con potencial hidrocarburifero, ya que sin ellas, el desarrollo cordillerano se convierte en un mito. La intención de ser “saneadas” se debe traducir como una ocupación geopolítica andina con la complicidad de la APG-Albó, para que así, y desde arriba, se puedan controlar estos recursos estratégicos en beneficio del centralismo cavernario andino. Eso dijo Zaratustra.

(*) Ex Secretario de Desarrollo Sostenible y M.A. y Ex Director del PLUS de la Prefectura de Santa Cruz