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El
derecho de los pueblos
Fernando Mires
Miércoles, 24 de enero de 2001
En un artículo anterior me he referido al tema de la construcción
democrática de la nación. Ahí he sostenido que la multiculturalidad no es
un defecto, o una desviación, sino una condición ineludible de la nación
moderna. No obstante, la coexistencia de formas culturales no sólo
diferentes, sino a veces antagónicas y la imposibilidad de convivir de un
pueblo con una nación que lo aplasta u oprime, obliga necesariamente a
plantearse el tema de la alternativa secesionista que, por lo demás, marca
a fuego el comienzo del siglo veintiuno (no sólo en la ex Yugoeslavia). El
problema es jurídico y político a la vez. Jurídico, porque si bien, a
nivel internacional no existe una juridicción precisa que asegure las
relaciones entre pueblos y Estados, es evidente que se hace cada vez más
necesaria. Político, porque tiene que ver con el nuevo contenido que
comienzan a tomar las relaciones entre estado-nación y pueblos.
En América Latina, las luchas de los pueblos indígenas no han tomado un
carácter secesionista o separatista. No obstante, esa decisión no depende
sólo de esos pueblos, sino también de la actitud que hacia ellos toman los
Estados nacionales. Si las posibilidades secesionistas quieren ser
evitadas, es mejor abordar el problema más temprano que tarde.
Secesión y derecho
¿Deberá ser estatuido, en tiempos de globalización, el derecho a la
secesión del mismo modo como en la mayoría de las naciones democráticas
está siendo aceptado el derecho a la separación y al divorcio condenado en
nombre de Dios por tantas Iglesias?
La pregunta es complicada y su respuesta difícil pues, si por un lado la
lucha por la secesión de un determinado pueblo o nacionalidad puede ser
éticamente justa, no es necesariamente legal. Y no puede serlo, porque
secesión implica ruptura con la legalidad de estados jurídicamente
reconocidos en el espacio internacional.
Al llegar a ese punto, ya no sirven las teorías puramente jurídicas puesto
que ellas son operables sólo en el marco de modos de proceder, ética e
institucionalmente pre-establecidos. Pero ese es un problema de esas
teorías, y no de las luchas secesionistas.
Los momentos de discontinuidad histórica están marcados por lo general por
dramáticas rupturas. Unas, son las revoluciones. Otras son las secesiones.
En ambos casos, hay un transitorio abandono de juridicciones vigentes.
Pero el abandono de una determinada legalidad no significa necesariamente
el abandono del discurso político, y ni siquiera del legal. Por el
contrario significa por lo general la refundación de otro estatuto
constitucional originado sobre las bases de un nuevo orden político como
se da después de revoluciones y luchas secesionistas. En ambos casos hay
siempre un descarrilamiento respecto al juego ético -jurídico vigente, que
lleva empero, a otras vías políticas que en algún momento deberán ser
jurídicamente establecidas en el marco de un nuevo orden constitucional.
Conviene precisar entonces, que la ruptura con un orden jurídico
institucional no significa necesariamente una ruptura con la legalidad
sino sólo con una determinada legalidad y, por cierto, con aquella
vinculada al poder. No hay ninguna ruptura nacional o social que no haya
sido realizada en nombre de un, o de muchos, derechos incumplidos. En
cierto modo, son luchas por la justicia, aunque no exista ningún tribunal
competente que dictamine si lo justo es justo o no.
El momento de ruptura, la secesionista en este caso, presupone el abandono
de la institucionalidad legal pero para regresar al momento discursivo de
la legalidad, que por lo general está amparado, ya sea por una
interiorización colectiva de la ética prelegal, ya sea por instituciones y
declaraciones que han consagrado la legitimidad de determinados derechos
universales. Los derechos humanos, por ejemplo, no están dotados de un
organismo decisional más allá de los Estados que dicen representarlos. Por
lo general, no siempre se cumplen. Pero sólo podemos saber que no se
cumplen, porque existen, y eso es lo que permite, precisamente, a tantos
pueblos escindirse de otras naciones y luchar por sus derechos
incumplidos.
Es justamente la desvinculación entre derecho humano y órgano decisional
de poder, lo que permite que nadie pueda considerarse propietario de ese
derecho, nadie sino el ser humano, es decir, todos. Desde el momento en
que un día en Europa, los derechos sobre el ser humano fueron arrebatados
al Rey, no fueron entregados a nadie. Existen ahí, en toda su ambigüedad;
para apelar a ellos, para que los realicemos, para que nos defendamos del
poder que quiere hablar en su nombre. Sigo en este punto a Lefort cuando
escribe: "En breve, la formulación de los derechos humanos a fin del siglo
XVlll está inspirada por una reivindicación de libertad que arruina la
representación de un poder que estaría situado por sobre la sociedad, sea
la que representa la suprema sabiduría o la suprema justicia, en fin, que
estarían incorporados en el monarca o en la institución monárquica. Estos
derechos del ser humano marcan una desintricación entre el derecho y el
poder.
El derecho y el poder no se condensan nunca más en un mismo polo" (Lefort
1977, p. 43).
El totalitarismo cultural
La desvinculación entre derecho y poder genera ese espacio que permite
tantas luchas por la justicia y por la libertad. Múltiples luchas
secesionistas rompen con la Ley del poder, pero no necesariamente con la
del Derecho, pues, como apunta el mismo Lefort "la legitimidad del debate
sobre lo legítimo y lo ilegitimo, supone, repitámoslo, que nadie ocupe el
lugar del gran juez" (Ibid, p. 55).
Siempre se dice, y con razón, que revolución es fuente de derecho. La
secesión también lo es. No obstante, suele ocurrir, y éste es el riesgo de
todo descarrilamiento jurídico, que revoluciones y secesiones no sólo
desafíen la norma del derecho, sino que además, escapen a todo juego
político, regresando a fases prepolíticas en donde en lugar de argumentos
hablan metralletas. Las recientes guerras interyugoeslavas son un trágico
ejemplo que muestra cómo el abandono de espacios políticos significa, ni
más ni menos, regresar a la prehistoria de la humanidad.
La secesión, en tanto implica ruptura, no puede ser un derecho, aunque
reclame derechos, porque no hay ninguna garantía jurídica que pueda
permitirla sin negarse a sí misma. Es que la secesión es resultado de ese
conflicto permanente de la modernidad que lleva a construir culturas y
naciones, pero también a que desaparezcan. Para que no hubieran luchas
secesionistas, la arquitectura cultural y nacional del mundo debería estar
plenamente diseñada. O debería existir un sólo Estado mundial. Pero de
esas utopías todavía estamos lejos. Pese a la globalización y quizás
gracias a ella, las luchas secesionistas continuarán fragmentando la
política y la geografía de nuestros días, sepa el cielo hasta cuando.
Mucho más complicado es el problema cuando no se trata de una simple
escisión cultural, como imagina Hungtington son las de nuestro tiempo
(1996), sino que de escisiones territoriales. No hay, efectivamente,
ningún Estado que quiera perder o ceder parte de su territorialidad a
favor de otras nacionalidades o culturas. De ahí que las luchas
territoriales tienden a romper rápidamente con la lógica política en la
regulación de conflictos, o lo que es parecido, la negociación política
va, en ese caso, casi siempre acompañada de argumentos militares.
No obstante, en la mayoría de los casos no son las culturas,
nacionalidades, pueblos, naciones, etc. las que dan el primer paso que
lleva a la ruptura con procedimientos ético-jurídicos, sino que más bien
es al revés: en la mayoría de los casos, tales unidades exigen la vía de
la secesión cuando vivir al interior de una determinada (gran) nación se
ha convertido en algo insoportable. El límite de la insoportabilidad no
está cuantitativamente, sino que históricamente definido. Por ejemplo, si
el Estado turco hubiera concedido a los kurdos sólo la mitad de los
derechos autonómicos que concede el Estado español a los vascos, no
existiría ningún problema entre kurdos y turcos. Si el régimen de
Milosevic hubiera concedido a los habitantes kosovo/albanos, los mínimos
derechos que concede Turquía a los kurdos, no habría habido ninguna razón
para que la OTAN hubiera intervenido en Yugoeslavia. La intransigencia de
determinados estados nacionales en hacer coincidir de modo total la nación
política, con la geográfica, con la cultural, y en algunos casos, hasta
con la racial, es la que ha terminado por provocar las más grandes
catástrofes de nuestro tiempo.
No es cierto entonces, como afirman los enemigos de la multiculturalidad,
que la existencia de muchas culturas sea fuente de conflictos. En la misma
Yugoeslavia, durante mucho tiempo, coexistieron de modo armonioso y
dinámico, muchas nacionalidades y culturas. La fuente real de los
conflictos reside más bien en el proyecto nacional estatal de eliminar las
diferencias en nombre de una nación única. La fragmentación, la secesión y
las luchas autonómicas, separatistas e independentistas, son por lo
general provocadas por Estados que en lugar de albergar a múltiples
culturas pretenden destruirlas a fin de cumplir el ideal decimonónico del
estado total. Porque el totalitarismo no sólo es económico o político;
también es cultural.
Al fin y al cabo, las naciones que hoy habitan el planeta no son ningún
hecho dado u objetivo; han sido resultado de complejos procesos de
tectónica formación. Giddens: "La nación no es algo naturalmente dado
(...) Ellas han sido compuestas a partir de un gran número de fragmentos
culturales" (1999, p. 153). La misma idea sustentan con argumentos
diferentes, Anderson (1988) y Gellner (1991). En palabras menos elegantes:
cada nación es en sí un microimperialismo ya que ha sido edificada sobre
la base del sojuzgamiento e incluso exterminio de múltiples pueblos. El
salvajismo de Milosevic no es sino el pasado de la mayoría de las naciones
europeas; de ahí que el terror que ese régimen produce es también el miedo
que siente cada nación moderna frente a su propia historia.
En un mundo europeo poscomunista donde se suponía deberían existir
naciones civilizadas y democráticas, Serbia revitalizaba nada menos que a
la propia prehistoria de la modernidad, pero con las armas del siglo XXl.
Es que la prehistoria de cada nación está llena de Milosevices. El
Milosevic existente no era sino un fantasma, lamentablemente real,
resucitado desde las tumbas de Europa, empapado con la sangre de los
muertos del pasado y del presente, cuyo proyecto microimperial de gran
nación no se diferenciaba a aquel que dio orígen a las más respetables
naciones del mundo, incluyendo a las nuestras, las latinoamericanas. Que
después, el imaginario ideológico nacional reconvierta a asesinos de
pueblos en héroes nacionales, es parte del mito que forma parte de la
ideología estatal de cada nación.
De tal modo, la ruptura cultural y territorial de un pueblo con la nación
de la cual era parte se da en lo general cuando las normas que hacen a la
identidad de ese pueblo son violadas por la nación dominante, haciéndose
imposible para ese pueblo, coexistir en el marco jurídico y/o territorial
de esa nación. No hay en verdad, ninguna ley natural u objetiva que
obligue siempre a los pueblos a luchar por su independencia y constituir
nuevas naciones. Ello ocurre simplemente frente a la imposibilidad de que
los conflictos entre pueblos y naciones puedan ser regulados legal y
políticamente, teniendo lugar rupturas que llevan a alterar los mapas de
los continentes, y a los alumnos de escuela, a comprar nuevos libros de
geografía.
En buenas cuentas, la mayor parte de las luchas secesionistas han tenido
lugar no porque pueblos y culturas se encuentren integrados en otras
naciones, sino que al revés, porque esas naciones no han podido o sabido
integrar a sus pueblos y culturas. Tales luchas son más bien resultado de
una mala, o de una falsa, o de ninguna integración. O de una asimilación
forzada. Y casi siempre, de la no integración y de la asimilación al mismo
tiempo. En ambos casos, la ruptura ocurre como consecuencia del no
reconocimiento de diferencias.
Si no se aceptan, o se condenan diferencias, un pueblo o grupo cultural
vive discriminado, como fue el caso del Apartheid antes de Mandela, o es
obligado a asimilarse a la cultura dominante, como fue la política de
Milosevic con los kosovo/albanos. Y la de la mayoría de los gobiernos
latinoamericanos con los pueblos indios.
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