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"Neoliberalismo multicultural"
Presidente
Morales: Peculiar comienzo en Bolivia
James Petras
(Rebelión/Traducción Sinfo Fernández).- Las federaciones más importantes
de sindicatos, los grandes movimientos sociales vecinales (en la
combativa ciudad de El Alto) y los movimientos rurales de los sin tierra
expresaron su consternación y rechazo ante algunos de los ministros
nombrados por el Presidente Morales para que integren su gabinete, así
como por las prioridades políticas inicialmente formuladas, que van en
contra de las promesas hechas durante la campaña electoral del candidato
Morales.
Nombramientos en el Gabinete: Neoliberalismo Multicultural
Uno de los peores pronósticos de la mayoría de las políticas
gubernamentales aparece conformado por la retórica que se despliega
durante las campañas. Este es especialmente el caso de los candidatos
presidenciales que se van deslizando desde una posición de izquierdas
hacia el centro. Se obtiene un indicador mucho más fiable de las
políticas concretas que un régimen recién inaugurado puede desarrollar
tras analizar a quién se ha nombrado ministro de gabinete para los
ministerios más importantes.
El Presidente Morales nombró a 16 ministros de gabinete, de los cuales
siete han sido ya cuestionados por los movimientos de masas que llevaron
a Morales a la Presidencia. Mientras que comentaristas y propagandistas
extranjeros alabaron la presencia de varios “indios” y cuatro mujeres en
el gabinete, los movimientos populares en Bolivia están consternados por
las pasadas trayectorias políticas de casi la mitad de los nuevos
ministros. Salvador Ric Riera, un empresario conservador de Santa Cruz y
acreditado multimillonario, acusado por los dirigentes del sindicato
local de blanqueo de dinero y otras actividades sospechosas, fue
designado para el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. En todos los
regímenes anteriores, Obras Públicas fue uno de los ministerios más
tristemente célebres por su corrupción, especialmente a la hora de
asignar contratos para la construcción de autopistas del Estado.
Teniendo en cuenta la importancia que Morales ha dado a la lucha contra
la corrupción, la mayoría de los activistas se sintieron espantados por
el nombramiento de Riera, quien apareció como donante financiero de
última hora en la campaña de Morales. Su nombramiento es considerado
como una concesión al sector de la oligarquía de Santa Cruz.
El Ministerio clave de Minas ha sido entregado a Walter Villarroel, que
desertó de la derechista UCS para subirse al carro de Morales. Su
nombramiento fue denunciado por el dirigente minero Cesar Lugo por las
anteriores contribuciones de Villarroel en el gobierno, ya que durante
el mismo ayudó a desmantelar la Corporación Minera Boliviana (COMOBOL) y
a privatizar una de las mayores minas de hierro del mundo. También ha
sido atacado por apoyar al anterior Presidente neo-liberal Carlos Mesa,
quien antepuso las cooperativas privadas al fortalecimiento de las
empresas estatales bajo control de los trabajadores.
El estratégico Ministerio de Defensa fue asignado a Walter San Miguel
Rodríguez, abogado y anterior director de las Aerolíneas Bolivianas
Lloyd (LBA), acusado de encubrir la privatización ilegal de las
anteriores aerolíneas estatales. Actualmente, la Asociación de Pilotos
ha pedido al Estado que intervenga en la firma para investigar delitos e
irregularidades. El Ministro de Defensa es desde hace tiempo miembro del
derechista MNR y un antiguo partidario del ex Presidente Sánchez de
Losada, el Presidente que masacró a decenas de manifestantes en 2003
antes de volar al exilio en EEUU. ¡Menuda selección adecuada e
“incorruptible” para liderar a los militares!
La Confederación de Profesores ha rechazado el nombramiento efectuado
por Morales de Felix Patzi Paco como Ministro de Educación porque no
tiene experiencia en la profesión, no tiene conocimientos en ese campo y
es claramente incompetente para afrontar la crisis actual que sufre la
educación.
La Confederación del Trabajo (COB) ha criticado duramente el
nombramiento de Luis Alberto Arce para encabezar el Ministerio de
Hacienda. Arce estuvo conectado durante mucho tiempo con las
instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial y Banco de
Desarrollo Inter-Americano) y fue siempre partidario de sus regresivos
programas de ajuste estructural. El Ministerio de Hacienda es el
responsable del establecimiento de los parámetros para el resto de los
ministerios, incluidas las inversiones, los gastos e ingresos sociales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores será dirigido por un antiguo
concejal del ayuntamiento de El Alto, David Choquehuanca. Fue un
estrecho colaborador del corrupto ex Presidente neo-liberal Jaime Paz
Zamora. Tiene capacidad para defender sus políticas de libre mercado
tanto en español como en aymara.
La designación hecha por Evo Morales de Abel Mamani para el Ministerio
de Agua fue muy protestada por los dirigentes de la Federación de
Consejos Vecinales (FEJUVE) de El Alto, la organización principal que
encendió la mecha de las insurrecciones que derribaron a los dos
anteriores presidentes neoliberales y que dieron a Morales una rotunda
mayoría del 70% en El Alto. Morales y Mamani actuaron sin consultar con
las asambleas populares de FEJUVE, a pesar de la importancia del tema
del agua en El Alto. Además, Mamani, antiguo dirigente de FEJUVE, fue
criticado por malversación de fondos y por su fracaso a la hora de
conseguir satisfacer la demanda general de nacionalización de los
derechos de distribución de agua en El Alto, que siguen siendo de
propiedad extranjera. Los grupos vecinales se sintieron menos
impresionados por la facilidad de Mamani para hablar en quechua que por
su falta de militancia y por su oportunismo político.
Los movimientos sociales alabaron los nombramientos de Morales para
Hidrocarburos (André Soliz Rada) que prometió promover la
nacionalización del gas y del petróleo, Justicia (Casimira Rodríguez
Romero, una dirigente de la Unión de Trabajadoras Domésticas), Trabajo
(Alex Galve Mamani, un antiguo líder de la Confederación de Trabajadores
de la Industria). En cuanto al resto de Ministros, no hay, por el
momento, ni oposición seria ni alabanzas. Sin embargo, en el
nombramiento de Soliz Rada para Hidrocarburos debe tenerse en cuenta que
era un antiguo dirigente del partido de centro-derecha CONDEPA, que
cohabitó con antiguos presidentes neo-liberales, incluso cuando polemizó
contra la ilegal liquidación de los recursos estatales petrolíferos. El
Ministro de Asuntos Agrarios y Campesinos es un intelectual de Santa
Cruz, sin vínculos con los movimientos campesinos importantes de los
Andes o Cochabamba.
Los puestos económicos clave han ido a parar a manos de tecnócratas y
liberales mientras que los “ministerios sociales” han recaído en
izquierdistas. Aunque esta situación da la impresión de diversidad en la
representación, de hecho es el ministerio económico (Hacienda), el que
establecerá los parámetros económicos para conceder los presupuestos que
influirán profundamente en cualquier cambio social.
La Agenda Post-Electoral
En su discurso inaugural en el Congreso, Evo Morales fue categórico en
su defensa de los grandes propietarios de plantaciones y en su oposición
a cualquier redistribución de tierras fértiles y productivas. “Quiero
contarles, distinguidos Congresistas, mi posición en cuanto a la
política sobre la tierra. Quiero decirles que la tierra productiva,
tanto si es productiva o ha sido prestada para usos sociales económicos,
será respetada en los tamaños de 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 hectáreas.
Pero aquellas tierras que estén siendo utilizadas para propósitos
especulativos revertirán al Estado para redistribuirlas entre los
campesinos sin tierra” (22 de enero de 2006). Morales también condenó la
esclavitud en las regiones orientales de Bolivia.
La exclusión de todas las grandes propiedades de la tierra, plantaciones
y latifundios hecha por Morales satisface las promesas pre-electorales
hechas a los ricos oligarcas y empresarios del agro de Santa Cruz, pero
implica una negación de sus promesas de reforma agraria a los
movimientos campesinos y a los sin tierra. Como ya ocurrió en el pasado,
los asentamientos promovidos por el gobierno en remotas tierras públicas
de suelo precario, que se sitúan lejos de instalaciones de mercados,
transportes y de facilidades para la obtención de créditos, están
destinados al fracaso.
En su discurso al Congreso, Morales destacó la “austeridad” de los
salarios gubernamentales para los legisladores y para él mismo. Sin
embargo, esa moralidad personal fue aprovechada para llevar también la
austeridad a los presupuestos estatales – una posición claramente
articulada por su reciente nombramiento de Luis Arce como Ministro de
Hacienda. Tan pronto como Arce tomó posesión de su cargo, convocó una
reunión con los directores del Banco Central, la Oficina de Impuestos e
Ingresos, los Ministerios de Desarrollo y Planificación y otros para
anunciar que Bolivia seguiría cuatro “ejes” en política: mantener la
estabilidad macro-económica, generar una nueva conciencia para pagar
impuestos, animar a los consumidores a comprar productos hechos en
Bolivia y fomentar el uso de la divisa boliviana en lugar del dólar.
La defensa de Arce del pacto de estabilidad macro-económica respaldada
por el FMI es una garantía de que los programas sociales patrocinados
por el gobierno se verán severamente limitados y de que no se
emprenderán cambios estructurales ni menores ni mayores (expropiaciones
de tierra, industrias, bancos y minas). Las cuatro prioridades de Arce
excluyen cualquier programa redistributivo y favorecerán la adopción de
medidas intrascendentes que, en términos absolutos, tendrán un impacto
cero a la hora de reducir las desigualdades o la pobreza y, como mucho,
sólo lograrán aumentar un mínimo los servicios sociales.
Ya se había intentado anteriormente animar a los consumidores para que
“compraran productos bolivianos” y se había fracasado porque el
contrabando proporciona un sustento decente en ausencia de programas de
trabajo a gran escala financiados públicamente (lo que es impensable con
la estrategia de austeridad fiscal de Arce). Además, sin incremento
sustancial alguno en el salario mínimo mensual de 50$, los consumidores
preferirán el contrabando de productos chinos más baratos a los
productos manufacturados locales. Finalmente, dado el enorme ejército de
vendedores callejeros ‘informales’ que dependen de vender importaciones
baratas, cualquier tipo de inversión pública en alternativas de empleo
condenará las campañas de consumo “nacionalista”. El nuevo Ministro de
Asuntos Exteriores de lengua aymara, David Choquehuanca, tras tomar
posesión, afirmó que Bolivia estaba abierta a discutir un acuerdo de
libre comercio con EEUU – algo que el anterior régimen neo-liberal no
pudo avanzar. Reiteró, en cuanto se hizo cargo del Ministerio de
Exteriores, “No rechazamos entrar en el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA)”.
Y fue más lejos aún, “Vamos a tener relaciones con todo el mundo,
tenemos que hablar de acuerdos de libre comercio con varias naciones y
analizar la situación con la Comunidad Andina, el Mercado del Cono Sur
(MERCOSUR), organizaciones con las que Bolivia tiene acuerdos
comerciales”. Continuó aludiendo a los viajes de Morales al extranjero
por varios países latinoamericanos, europeos y por Sudáfrica antes de su
toma de posesión. “Cuando Evo viajó al exterior dijo que aprendió cómo
hacer buenos negocios”. Efectivamente, el periplo de Evo por el
extranjero y sus conversaciones con el Embajador de EEUU en Bolivia (Greenlee)
y el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio
Occidental, Thomas Shannon, se produjeron esencialmente para asegurarle
a Europa y a EEUU su ortodoxia en el campo de la economía, para fomentar
más y mayores inversiones en el sector de la minería y para asegurar su
certificado de buena conducta.
Puestos a recordar la retórica de su campaña, aunque los nombramientos
de Morales para los puestos clave de su gabinete y el apoyo entusiasta
que le prestan las comunidades indias pueden parecer “contradictorios” a
los observadores extranjeros, todo es en realidad compatible con el lado
menos público de su trapicheo y negociaciones políticas con las elites
políticas y económicas que se desarrollaron antes y durante su campaña
electoral.
De hecho, desde que se presentó para la presidencia en el año 2002, el
Presidente Morales se ha opuesto a muchas de las demandas de los
movimientos sociales de masas que han tenido lugar durante estos últimos
años. No apoyó ni participó en los movimientos insurreccionales
populares que derrocaron al Presidente neoliberal Sánchez de Losada en
octubre de 2003, ni en el movimiento popular que expulsó al Presidente
Carlos Mesa en mayo-junio de 2005. Apoyó un referéndum del Presidente
Mesa (2004) para aumentar el pago de impuestos sobre el gas y el
petróleo que excluía de forma explícita la nacionalización. Durante su
campaña electoral y en sus encuentros con las masas, Morales manifestó
que apoyaba la “nacionalización” al tiempo que aseguraba a las compañías
extranjeras alrededor del petróleo y del gas que garantizaría sus
activos, inversiones y beneficios con la condición de que aumentaron sus
pagos de impuestos. En su viaje a Brasil, Argentina, España y Francia
reafirmó su compromiso de proteger las inversiones existentes en los
sectores del petróleo y del gas, y fue más allá pidiéndoles que
aumentaran y ampliaran sus inversiones en explotaciones mineras y en el
tratamiento del producto obtenido. Su nombramiento del liberal Walter
Villarroel para el Ministerio de Minería, a pesar de las decididas
objeciones y amenazas de acción en el trabajo de los sindicatos mineros
(que le llevaron al poder), es indicativo de la determinación del
Presidente Morales de seguir un modelo ortodoxo de explotación minera
basado en la inversión exterior.
Carlos Villegas, Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación del
Desarrollo, tras tomar posesión de su cargo declaró que REPSOL (la
corporación multinacional española) y TOTAL (el gigante del gas francés)
“han manifestado que deseaban renegociar sus contratos para proporcionar
una cuota mayor de beneficios a Bolivia (Financial Times, 23.1.2006)- La
“nacionalización”, según la administración Morales, se reduce a poco más
que un aumento de los ingresos obtenidos a partir de los impuestos. El
compromiso de Bolivia con “el mantenimiento de la estabilidad
macro-económica” viene fundamentalmente a significar que los nuevos
ingresos procedentes de los impuestos seguirán sirviendo para pagar la
deuda pública y exterior en la que incurrieron los corruptos regímenes
anteriores, que casi nunca se invirtió en actividades productivas.
El viaje de Morales a Cuba y Venezuela y las promesas de ayuda
socio-económica obtenidas han servido para proporcionarle legitimidad
“izquierdista”; sus viajes a España, Francia, Holanda, Bélgica,
Sudáfrica y Brasil para discutir acuerdos políticos y económicos que
limitarán a Bolivia a su papel convencional de exportador minero y
energético. Más importante que sus muy publicitados viajes al extranjero
fue su encuentro en La Paz con el Embajador de EEUU, David Greenlee, en
la residencia del Embajador antes de su viaje a Cuba y Venezuela. Aunque
no se facilitaron detalles sobre la conversación que mantuvieron, ambas
partes dieron por sentado que no habían aflorado conflictos importantes.
El Vicepresidente García Linera anunció que el encuentro fue cordial y
que sirvió para fundamentar futuros acuerdos.
Privatizando MUTUN: Bolivia en Venta
Uno de los proyectos de explotación minera más lucrativos a los que el
régimen de Morales tiene que hacer frente es el de las minas de
propiedad estatal de hierro y manganeso de Mutun, en Santa Cruz, con
40.000 millones de toneladas en depósitos de hierro. Expertos bolivianos
estiman que el valor de la materia prima del hierro que contienen es de
400.000 millones de dólares según los precios actuales; una vez
transformado en barras de hierro o acero para la construcción se
valoraría en 30.000 billones de dólares menos los costes de producción e
inversión. Mutun está lista para ser subastada y varias multinacionales
compiten para obtenerla. La subasta, que fue fijada con anterioridad a
la toma de posesión de Morales, se fundamentó en la excavación y
exportación de barras de mineral de hierro, sin intención de añadirles
valor mediante su conversión en acero. Para que el régimen de Morales
pudiera “industrializar” la materia prima, consiguiendo valor añadido y
aumentando los ingresos nacionales, sería preciso canalizar el gas
natural para que funcionaran las refinerías de acero. Eso a su vez
requeriría la nacionalización de la producción del gas, porque la
multinacional brasileña PETROBRAS podría ciertamente no cooperar, ya que
los beneficios de sus ventas en el interior de Bolivia se reducirían al
tener que poner precios mucho más bajos que en Sao Paulo.
La afirmación de Morales de querer “industrializar” la producción de la
materia prima entra directamente en conflicto con su política de
garantizar la propiedad extranjera de los recursos de hidrocarburos a
cambio de tasas de impuestos más altas. Morales usa un doble discurso:
su oposición al “neo-liberalismo” se contradice con su apoyo a las
“políticas macro-económicas de estabilización”; su defensa de la
austeridad presupuestaria y el rechazo de su Ministro de Hacienda a
triplicar, o incluso aumentar, el salario mínimo (“se está estudiando un
aumento para ver si es compatible con las políticas macro-económicas de
estabilidad”, según el Ministro de Hacienda) no armoniza bien con su
promesa de reducir la pobreza; sus garantías a las inmensas plantaciones
actuales de los empresarios del agro se oponen a las demandas de
millones de campesinos sin tierra, o con parcelas de subsistencia; y sus
garantías hacia las corporaciones multinacionales de exportación que
controlan la situación en el sector de los hidrocarburos chocan con las
demandas nacionales que defienden que se debe aprovechar la energía para
el consumo y la industrialización locales.
Antes que después, las diferencias polarizadas de intereses entre
aliados y oligarquías del mundo empresarial locales y extranjeros y las
masas que lucharon y se sacrificaron para llevarle al poder se
encaminarán hacia una nueva ronda de conflictos y confrontaciones.
Morales está montando dos caballos que van en direcciones opuestas. Los
fotogénicos rituales tradicionales andinos, el color y el boato de la
inauguración electoral se desvanecerán frente a la continuidad de la
pobreza, la desigualdad y las graves concentraciones de la riqueza. Con
el pasar del tiempo, se irá extendiendo un profundo desencanto alrededor
de un presidente que habla para el pueblo pero trabaja para los ricos,
incluidos los extranjeros ricos. Por ahora, la Central Obrera Boliviana
y los dirigentes de los principales movimientos de mineros, profesores y
vecinos han enviado un claro y franco mensaje a sus afiliados de que se
preparen para la acción directa en caso de que Morales reniegue de las
tres demandas fundamentales del pueblo: nacionalización del gas y el
petróleo y expulsión de las compañías multinacionales del petróleo;
expropiación de las grandes propiedades de terratenientes y
redistribución de 25 millones de acres de tierra a los campesinos sin
tierra; y aumento inmediato del salario mínimo nacional. La gran mayoría
de los dirigentes de movimientos y activistas (indios y mestizos) no se
han dejado impresionar por los rituales indios y el teatro cultural
organizado por el entorno de Morales. Están preparados para relanzar las
movilizaciones de masas cuando los pobres tengan claro que Morales ha
abrazado la agenda de los banqueros, de las corporaciones
transnacionales y de los propietarios de la industria del agro.
Bolivia no es Brasil ni Argentina ni Uruguay ni Chile, donde los
regímenes de centro-izquierda controlan sindicatos y sectores de los
movimientos sociales. Los sindicatos más importantes son totalmente
independientes del Estado, del partido de Evo, del Movimiento por el
Socialismo (MAS) y de su gabinete. La transición del líder campesino de
masas al complaciente hombre de Estado ante las corporaciones
multinacionales no será una operación fácil ni suave: lo más probable es
que Evo tenga que enfrentar los desafíos y la inestabilidad política que
envió a sus predecesores a una temprana jubilación. |