Un deporte nacional: la violación a la CPE

Susana Seleme Antelo

¿De qué unidad nacional se habla en la sede de Gobierno, en el Parlamento y en las regiones que han perdido población cuando se trata de la redistribución de escaños parlamentarios? ¿De una supuesta unidad nacional sobre la base de violar la Constitución Política del Estado (CPE)? ¿Aporta a la construcción de la unidad nacional, negar obstinadamente las nuevas realidades departamentales, al calor de la migración de potosinos, orureños y paceños a otros departamentos?

Esa muletilla de la unidad nacional la han convertido en falaz argumento, pues dicen que pone en peligro las elecciones nacionales del 4 de diciembre próximo. No estuvieran en peligro, si los parlamentarios de los departamentos afectados, sus expresiones sociales y civiles, tuvieran a bien velar por el cumplimiento de la ley, en vez de someterla a trapicheo de mercachifles. La unidad de la que ahora echan mano es una unidad de conveniencia, pues si realmente les importara la unidad nacional, tendrían la honestidad de reconocer que los movimientos poblacionales en un país, y en el mundo entero, son producto de condiciones estructurales mucho más complejas que disputas regionales por unos escaños menos o más.

La unidad nacional no estriba en que unos pierdan algunos parlamentarios y otros ganen, sino en empezar a aceptar las realidades que existen más allá de la voluntad de los hombres, lo cual no quiere decir que quienes hoy pierden se queden resentidos o con sentimientos de derrota, sino que empiecen a reflexionar en cómo impedir el éxodo de sus paisanos. Y en ese marco, sí exigir como políticas de Estado y de Gobierno que se cumpla el principio de equidad y solidaridad de los departamentos que, coyunturalmente, están mejor ubicados en desarrollo económico y humano, como lo estuvieron en su época Potosí, Oruro y La Paz, o como puede estar en el futuro Tarija.

Habrá que recordar que Santa Cruz estuvo marginada del progreso no sólo durante toda la República, sino también desde su creación en 1561. El despegue cruceño tuvo lugar gracias a la conjunción de varios factores, pero uno de ellos fue haber construido un proyecto político regional de amplio consenso social, perseverante en el tiempo. Ese proyecto articuló los elementos indispensables para un desarrollo regional: los actores y los sujetos de desarrollo; la cultura, el entorno, los recursos materiales y humanos, las instituciones y los procedimientos. Y no se trata de sentar cátedra o menospreciar a otros departamentos, sino de poner los puntos sobre las íes para desmontar el mito de que Santa Cruz es egoísta, que está poniendo en peligro la unidad nacional y la verificación de las elecciones de diciembre.

Qué el acatamiento a la ley deba someterse a un criterio político coyuntural no sólo es el colmo del surrealismo político, sino que desnuda la ausencia de autoridad estatal, institucional y gubernamental. Si el Estado es la concentración del ejercicio del poder y, por lo tanto, de la dominación de determinados sectores de clase sobre otros. Es decir, si el Estado es la hegemonía que impone la dominación de lo público sobre lo privado, de la obediencia a la ley, del uso monopólico de la coerción o la fuerza, convengamos que ese Estado en Bolivia está en coma irreversible, y, por tanto, hay anomia estatal.

Aquí todo el mundo habla de legitimidad y reclama legitimidad, pero nadie considera el acatamiento a la ley y a la Constitución Política del Estado como la única fuente que legitima el ejercicio del poder. Negociar la ley, someterla al voto o buscar consensos en torno a ello, es violarla.

Pero en Bolivia, la violación a la Constitución Política del Estado es un deporte nacional. ¿Podremos construir unidad nacional merced al desprecio a la Ley de Leyes?