LA ASIGNATURA PENDIENTE

Wilson Jaime Villarroel Montaño
abogado y docente universitario
jvillarroel@entelnet.bo
jvillarroel2004@yahoo.es

Todo indica que el proyecto de Ley de Hidrocarburos de la Cámara de Diputados –salvo sorpresas de último momento- no sufrirá modificaciones sensibles en su etapa de revisión por la Cámara de Senadores. El texto está a pocos pasos de ser aprobado. Parece cerrarse, así, un ciclo tormentoso y de graves desencuentros en que los bolivianos, aún antes de alcanzar algún beneficio notable de su riqueza gasífera, se enfrentaron casi inconciliablemente. De hecho, la primera de las confrontaciones dolorosas ocurrió en el luctuoso Octubre de 2003.

Es posible que, en la intención de proveer mayor “viabilidad” al texto propuesto, la Cámara de Senadores, y eventualmente el mismo Congreso si las modificaciones resultaran substanciales, conceda, todavía, alguna ventaja a las empresas transnacionales. En especial, en el régimen impositivo. Como se sabe, el techo en la participación estatal del valor de lo producido se encuentra en el 50%, sumadas las regalías (18%) y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (32%).

Este impuesto, conforme previeron los diputados, no es deducible, ni acreditable. Es decir, su monto es fijo e inamovible, no pudiendo ser reducido presentando constancia de pago de otros impuestos o descargado con notas fiscales. Acaso los senadores resignen en algo esta regla absoluta ya sea autorizando deducir parcialmente el mismo o estableciendo criterios adicionales de discriminación impositiva en unos campos con respecto a otros, tal como ha sugerido reiteradamente el Poder Ejecutivo con la tesis que los campos gasíferos menores –en rigor, las empresas que los explotan- no están en posibilidades de soportar semejante carga tributaria.

Descontando otras modificaciones menores (supresión del proyectado veto indígena a las operaciones en territorios históricos a ellos atribuidos, o la dirección y no fiscalización en las tareas de riesgo en la exploración), no parece probable que el tema de fondo cual es la propiedad del gas en boca de pozo, sea motivo de cambio. Es, verdaderamente, un tema en extremo sensible para el boliviano medio, y aunque las petroleras han ratificado que el gas, en boca de pozo, es de libre disponibilidad para ellas, el proyecto de ley ahora atribuye propiedad al Estado boliviano incluso en este punto técnico de medición del volumen de gas extraído.

Se ha alcanzado, pues, un punto delicado de equilibrio en el proyecto que ahora discuten los senadores, incluso admitidas estas posibles variaciones. Es también, si se quiere, un reflejo del empate técnico entre las fuerzas y actores del escenario político boliviano. Pero la ausencia de conflictos sociales no implica, necesariamente, la ausencia de problemas, mejor aún, de temas pendientes de solución.

Y los hay, de innegable trascendencia. La política legislativa que conlleva la nueva Ley de Hidrocarburos, admitido que haya alguna, sólo atiende a la necesidad de establecer renovadas reglas en lo tocante a la propiedad de los hidrocarburos, al régimen de regalías y de tributos o a la refundación de YPFB como una entidad que se pretende sea protagónica en el negocio del gas boliviano. ¿Y el anhelo de la industrialización de esta riqueza providencial? ¿Y la satisfacción del ciudadano medio que no entiende cómo un país que se precia de tener una de las mayores reservas del continente, tenga que pagar, a precios internacionales, el carburante que consume?

De manera intuitiva los bolivianos que concurrieron a las urnas en el referendo del 18 de julio, advirtieron que, con el gas, podría inaugurarse una nueva y singular etapa histórica. El ciclo del gas –como lo fueron anteriormente el de la plata, o el estaño- esta vez podría ser más favorable a las expectativas de un mejor destino para el país. Frustrar este anhelo seria un gravísimo error histórico. En lo concreto, el objetivo claro e inequívoco es que los beneficios del gas deben impulsar el crecimiento notable de una economía alicaída y estancada a pesar del modelo económico adoptado.

Si el modelo no varía sustancialmente, a pesar de los emprendimientos estatales que ahora se confiarán a YPFB, la visión meramente exportadora del gas boliviano, sin una política que aliente la sola producción sin valor agregado es un franco despropósito nacional. Chile, sin tener yacimientos hidrocarburíferos, es el mayor productor mundial de metanol, es decir, un producto obtenido a partir del gas natural. Y vender metanol es harto diferente a exportar y vender, simplemente, el gas extraído. Es la diferencia entre la prosperidad y la mera subsistencia.

Y es que Chile ha establecido una industria petroquímica a partir de los energéticos adquiridos a sus vecinos, entre ellos Argentina a quien también proveemos de gas en una exportación creciente al igual que con el Brasil. El gas es imprescindible para su industria y, en un afán de presionar a este país a resolver la cuestión pendiente del acceso marítimo boliviano, se ha estipulado con la Argentina que el gas boliviano exportado a dicho país no puede ser reenviado a Chile.

Pero, oponerse a la venta de gas a Chile no significa crecer ni desarrollarse. Vale, únicamente, como medio de presión diplomática. De hecho, la quinta respuesta a la última pregunta del referendo del 18 de julio, abrumadoramente mayoritaria por el “sí”, autorizó implícitamente esta instrumentalización del gas. En otros términos, más importante que impedir insumos para la petroquímica chilena –que, reiteramos, se explica como estrategia internacional- es la creación de la propia industria petroquímica boliviana cuyo principal insumo sea producido en el mismo país.

Hoy pareciera que la tesis meramente exportadora ha ganado prevalencia en los textos de la nueva ley. Acaso primero tenga que extraerse gas, y en volúmenes apreciables, para establecer una plataforma sustentable en la petroquímica. Al menos así opinan algunos especialistas (2). Pero también urge, y con carácter imperativo, sentar las bases de una industria que provea valor agregado a nuestras riquezas hidrocarburíferas (3). Es, no cabe duda, un nuevo objetivo nacional que podría proclamarse en la nueva norma constitucional.

Pasada la durísima hora del desencuentro en trance de revertirse en un acuerdo nacional o varios de ellos en temas singulares de potencial conflictividad, se abre un período de reconstrucción cuyo mayor punto de inflexión se alcanzará en la Asamblea Constituyente. En la discusión preconstituyente se puede y se debe anticipar la propuesta de solución a este problema de fondo, la petroquímica nacional, sin conflicto social visible.

Es la asignatura pendiente de la Ley de Hidrocarburos.

La Paz, 2 de abril de 2005



(1) El término “boca de pozo” es el punto en el que se cuantifica y se valora el volumen de gas extraído no importando la distancia desde el yacimiento donde se encontraba la riqueza en su estado original. La posible extensión del alcance propietario estatal del gas –si llegaba hasta dicho punto o se circunscribía a los depósitos hidrocarburíferos- fue dilucidado por el Tribunal Constitucional afirmando que la propiedad estatal sólo alcanzaba, con arreglo a la Constitución y la anterior legislación (Ley Nº 1689 de Sánchez de Lozada), al yacimiento y no a este lugar de medición.

Esta célebre sentencia funda la proclama empresarial que el gas les “pertenece” en boca de pozo. En un intento desesperado de enervar esta afirmación, así como restar argumentos a las transnacionales en un escenario de controversia arbitral poco probable, un grupo de abogados ha planteado, recientemente, ante el Tribunal Constitucional, la nulidad de los contratos de riesgo compartido. Aducen los demandantes que los contratos no fueron aprobados por el Legislativo, según exige la Constitución boliviana en los acuerdos que versen sobre las riquezas naturales.

No es probable que el Tribunal cambie una posición ya asumida y, posiblemente, encuentre algún defecto de forma en la demanda a fin de evitar ingresar al fondo de la cuestión planteada. En el ínterin, sin embargo, la nueva Ley de Hidrocarburos será un hecho real y políticamente consumado. Incluso el presidente Mesa, cuya conocida renuencia a un proyecto legislativo distinto al suyo amenazó no promulgar el texto ahora propuesto, es posible que vuelva sobre sus pasos si los senadores –y eventualmente el Congreso- optan por las concesiones menores ya señaladas.

El recurso referido llega tarde a la escena de los acontecimientos. Desde otra óptica, revela la carencia de reflejos y de una política coherente en los sectores sociales que propician mayores espacios para el Estado en el negocio del gas. Y, finalmente, el agotamiento social en larguísimas jornadas de enfrentamiento, será también un factor decisivo a la hora de pensar si vale la pena promover nuevas movilizaciones contra las modificaciones probables. Es el cálculo que se hace en la Cámara de Senadores.

(2) Como el ex Superintendente boliviano de Hidrocarburos, Carlos Miranda.

(3) Hay dos profesores universitarios bolivianos de prestigio y solvencia académica que, desde hace un par de años, a la manera de San Juan Bautista en el desierto, vienen clamando por el establecimiento de la industria petroquímica boliviana. Incluso, manifiestan, ya sería posible materializar este ansiado proyecto. Uno de ellos, Saúl Escalera (skalera@pino.cbb.entelnet.bo) llegó a entregar sus proyectos al presidente Mesa, aunque sin resultado positivo inmediato. Richard Iván Medina (rimh7@hotmail.com), el otro patriota, alienta la emisión de una norma especial que siente, con carácter jurídico, una plan boliviano de producción, pero con valor agregado y un programa que fije límites racionales a la sola exportación de gas.

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